De vigilante en vigilante

Para los que no están enterados, seguramente la mayoría, en las últimas semanas sucedieron dos hechos que no están demasiado claros, pero que en ambos casos implicó la presencia de policías en una Universidad Pública, acto ilegal según la Ley de Educación Superior (n° 24.521), articulo 31: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Los dos casos, sucedidos en Pinzón, fueron por cuestiones diferentes, siendo uno de ellos el más grave, estando implicados policía, Docentes, No-Docentes, Estudiantes y personal del SAME.

Lo sucedido sólo refuerza denuncias que venimos haciendo hace rato: que no hay autoridades en la sede que se hagan cargo ante cualquier tipo de dificultad o contratiempo que sucediere.

Que no haya quien abra las aulas en todos los horarios, que no haya quien responda ante alguna eventualidad de salud, que no haya quien responda cuando un policía quiere entrar a la sede o ante cualquier otro hecho es inadmisible en una Universidad pública.

Así que, otra vez, tocó ir a hablar con las autoridades del Departamento que hasta ahora, ni con ésto ni con la seguridad de las personas ni las obras expuestas en espacios propios dieron alguna respuesta concreta.

En dicha reunión planteamos, nuevamente, la necesidad imperiosa de tener en Pinzón, como en cada una de las Sedes, autoridades responsables a quiénes recurrir ante cualquier eventualidad, y también la importancia de acompañar y recordar las normas vigentes tanto a Docentes como No-Docentes, que tantas veces desconocen las herramientas a disposición, y elaborar protocolos que sirvan de guía en estos u otros tipos de incidentes de salud y seguridad, disponiendo también un botiquín de primeros auxilios.

También es importante que los Estudiantes nos informemos, conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Situaciones como las ocurridas en las semanas previas no deben ocurrir. Es deber de las autoridades garantizarlo, y de los integrantes de la comunidad exigirlo.